Para un gobierno municipal con finanzas ajustadas, la asociación público-privada es una de las pocas vías para ejecutar infraestructura sin contratar deuda directa. La figura está prevista en la normativa y existen fondos e instituciones dispuestas a participar. Y aun así, muchos proyectos se detienen antes de la primera piedra.
La causa rara vez es técnica. Es de estructuración. Estas son las cinco condiciones que, en nuestra experiencia, separan un proyecto viable de uno que se queda en intención.
Primero: un estudio de viabilidad real. No un documento para cumplir el expediente, sino un análisis con demanda proyectada, costos de operación y mantenimiento a lo largo de toda la vida del contrato.
Segundo: claridad en la asignación de riesgos. Cada riesgo —de construcción, de demanda, de tipo de cambio, regulatorio— debe quedar asignado a la parte que mejor puede gestionarlo. Los contratos ambiguos terminan en litigio.
Tercero: capacidad de pago demostrable. El municipio debe acreditar que podrá cubrir sus obligaciones más allá del periodo de la administración en curso.
Cuarto: continuidad institucional. Un proyecto a 15 o 20 años cruza varias administraciones. Sin blindaje jurídico y respaldo del cabildo, el cambio de gobierno lo pone en riesgo.
Quinto: transparencia desde el día uno. La legitimidad social de una APP se construye con información pública y accesible, no con la obra terminada.
Cumplidas estas condiciones, el acceso a fuentes de financiamiento —incluidos organismos como Banobras o la banca de desarrollo— deja de ser un obstáculo y se convierte en una consecuencia natural del proyecto bien armado.